Cuba
Offshore, la cara oculta del socialismo cubano (I)
Empresas en paraísos fiscales. Testaferros de la familia Castro. Un entramado que hoy sale a la luz.
LA HABANA, Cuba.- Carlota Caridad Burgaleta, Sarah Torres Rodríguez y María Elena Fajardo Cedeño son cubanas que actualmente residen en Centro Habana y Alamar. Sus vidas en estos barrios humildes de La Habana contrasta con el hecho de que entre finales de los 80 y durante la década de 1990, cuando Cuba era arrasada por la mayor crisis económica de su historia, ambas se convirtieron, de la noche a la mañana, en directoras y accionistas de varias empresas offshore cubanas registradas en Chipre, Panamá y Malta y por las cuales no han recibido hasta el día de hoy un centavo.
Las tres mujeres, aunque prestaron sus identidades cuando eran apenas unas oficinistas de la Empresa Navegación Mambisa, perteneciente al Ministerio de Comercio Exterior, no están totalmente conscientes de que son las directoras oficiales de cuatro sociedades conectadas con Caribbean Queen Shipping Ltd. y otra entidad fantasma creada por el gobierno cubano en Chipre.
Vagamente recuerdan el día en que las llamaron a la oficina del director comercial para que estamparan sus firmas en unos documentos sobre los cuales nadie les explicó nada.
“Era normal. En esa época se firmaban muchos papeles a favor de la revolución, compromisos de trabajo, y nadie hacía preguntas. Nadie lo veía mal”, asegura Maria Elena, quien dice no importarle lo sucedido, a pesar de que su nombre ha surgido a la luz después de las revelaciones de los Panama Papers.
La situación de estas dos mujeres es similar a la de un centenar de cubanos que, aunque en diversos documentos aparecen como directivos de empresas, sobre todo navieras, registradas por Cuba en paraísos fiscales entre la década de los 70 hasta la actualidad, ignoran el papel que han jugado en la generación de un capital sobre el cual jamás le han dado cuenta ni participación como beneficiarios directos. Incluso, muchos de ellos, hoy apenas sobreviven con una pensión estatal que no supera los 20 dólares mensuales.
En opinión de exfuncionarios del gobierno que ocuparon altas responsabilidades tanto en los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Economía, y cuyos nombres también aparecen en documentos revelados a la prensa, el procedimiento se volvió rutinario, sobre todo en las navieras, y fueron operaciones que, bajo la supervisión directa de las principales figuras del poder político en la isla, se realizaron de modo muy secreto para esquivar las consecuencias del embargo económico de los Estados Unidos, aunque a veces, debido a la corrupción propiciada por el modo individual y discreto en que se realizaban ya sean transacciones o acuerdos comerciales, mucho del dinero que generaban estas entidades no retornaba al país, así como un buen número de funcionarios lo usaba en beneficio propio.
Las empresas y sus orígenes
Creada presumiblemente en 1986, cuando la estatal Empresa de Navegación Mambisa adquirió los dos emblemáticos buques mercantes Caribbean Queen y Caribbean Princess, Caribbean Queen Shipping Ltd. fue registrada en varios países bajo otros nombres similares que, debido al mismo esquema operativo, se conectaba con la aún activa Anglo-Caribbean Shipping Co. Ltd, fundada en 1973 en el Reino Unido para el trasiego de carga internacional y que fuera dirigida sucesivamente por funcionarios que más tarde ocuparían altos cargos en el gobierno cubano, como es el caso de Francisco Soberón.
En la actualidad un caso similar, que responde al mismo patrón, sería el de las empresas registradas en Panamá por el exfuncionario del Ministerio de Transporte de Cuba, estrechamente ligado al círculo familiar de Raúl Castro, Guillermo Rodríguez López-Callejas y funcionarios de PDVSA, en Venezuela. Entre ellas Cuvenpetrol S.A., Transportes del ALBA-Transalba, Trocana World Inc. y Tovase Development.
De modo que Caribbean Queen Shipping Ltd. no fue ni la primera, ni la más importante en el entramado de empresas que cada año realizaban, realizarían y continúan realizando millonarias transacciones hacia Cuba desde el extranjero, incluso desde países no considerados paraísos fiscales como Reino Unido, Francia, España o los Estados Unidos.
Se pudiera afirmar que el esquema de creación de empresas offshore, ha definido la economía cubana del período revolucionario desde sus comienzos y fue durante la década de los 90, cuando el país se sumergió en el denominado Período Especial, que tomó auge la creación de este tipo de corporaciones en principio para enfrentar la crisis que sobrevino a la caída del bloque de países socialista de Europa del Este y del cual la economía cubana dependía en su totalidad.
No obstante, bajo la luz de los datos recientes sobre el monto de las transacciones comerciales actuales entre Venezuela y Cuba, muy superiores a las registradas entre la antigua Unión Soviética y la isla en su mejor momento, las offshore han jugado un papel central en el esquema económico del gobierno cubano.
Aunque se conoce que estas operaciones “fantasmas” tuvieron su comienzo en los años 60, no fue hasta la década de los 70 en que se crearon las primeras offshore de envergadura.
Max “el Guatón” Marambio, un ciudadano chileno amigo de los Castro que se refugió en Cuba tras el golpe de estado a Salvador Allende, viajó posteriormente a Miami para fundar Havanatur, luego de inscribirla en Panamá. Durante años la compañía, con representaciones en numerosos países de América Latina, se ha encargado de reservaciones y ventas de pasajes aéreos entre Estados Unidos y Cuba, un negocio cuyo centro operativo radicó en las oficinas del Ministerio del Interior y que reportaba grandes dividendos a la institución castrense.
Según las Conclusiones Acusatorias del entonces fiscal Felipe Alemán Cruz, presentadas durante la llamada Causa no. 2 de 1989, cuando fueron apresados y destituidos varios altos oficiales del Ministerio del Interior, entre ellos el propio ministro, General de División José Abrantes Fernández, entre 1988 y 1989 este recibió 300 dólares por cada persona que salió temporalmente del país hacia los Estados Unidos, una práctica que, según se lee en el acta de la fiscalía, le proporcionó los “4 millones de dólares” para la “compra de 1296 medios de transporte”, amparado en una cuenta personal “de varios millones de dólares (…) que mantenía a su disposición (…) e independiente del presupuesto del ministerio del interior”. Pero, además, una práctica que tal vez heredara de sus antecesores pero que en el contexto de esa época resultó fatal.
Apenas unas semanas antes informes provenientes de los Estados Unidos alertaron sobre actividades de narcotráfico y lavado de dinero donde estaba involucrado de manera activa el Departamento MC del Ministerio del Interior, un escándalo que destapó la corrupción en la corporación CIMEX, un entramado empresarial donde confluían otras empresas así como la propia Havanatur.
Años después de la destitución del general José Abrantes, las cosas no solo continuaban tal cual, sino que mostraba un perfeccionamiento.
En 2004, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), entidad del Departamento de Hacienda norteamericano, reveló que existían al menos 9 entidades de viajes controladas por el gobierno cubano que operaban dentro de los Estados Unidos en posesión de “personas sujetas a la jurisdicción” de ese país, entre ellas Havanatur.
En cuanto a Max Marambio, el fundador del entramado empresarial, terminaría siendo noticia internacional al ser condenado (en ausencia) en 2011, por un juez de la isla, a 20 años de prisión por los delitos de corrupción y cohecho.
Poco tiempo después, un trabajo del Centro de Investigación Periodística de Chile (CIPER Chile) reveló que el verdadero negocio de Havanatur corría a cargo del hermano de Max, Luis Marambio, quien estuvo implicado en otro escándalo de corrupción junto a 15 directivos de la empresa Cubana de Aviación, entre ellos el presidente del Instituto de la Aeronáutica Civil, el general Rogelio Acevedo González, además de su esposa.
Acevedo González, a pesar de habérsele hallado considerables sumas de dinero escondidas en la casa, aunque destituido, fue totalmente exonerado de culpas. Por otra parte, la esposa, apenas cumplió 5 años de prisión bajo régimen penal con privilegios especiales que le permitía, entre otras cosas, visitar a su familia los fines de semana.
(Este artículo de Ulises Fernández fue publicado en Cubanet y es la Primera parte del reportaje investigativo del periodista Ulises Fernández, realizado gracias al apoyo del Institute for War and Peace Reporting IWPR)
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Ley bipartidista propone documentar restricciones totalitarias a Internet y pone a Cuba de ejemplo
La congresista republicana María Elvira Salazar y la representante demócrata Sara Jacobs proponen documentar las restricciones que hacen los regímenes totalitarios al uso de Internet en los informes de derechos humanos.
La Ley bipartidista de Libertad Global en Internet (H.R. 8309) requeriría que el Departamento de Estado de Estados Unidos incluya abusos de la libertad en Internet, incluido el corte de servicios de Internet, el bloqueo de sitios web, sitios de redes sociales y aplicaciones, y la participación en otras formas de represión digital, en sus informes nacionales anuales sobre derechos humanos.
“Los gobiernos totalitarios en América Latina dependen de cortar el acceso a Internet para perpetuar su opresión, tal como lo hizo el régimen cubano durante las protestas del 11 de julio (de 2021) y continúa haciéndolo cada vez que el pueblo cubano pide libertad”, expresó en un comunicado la cubanoamericana Salazar.
“Con la libertad global en Internet disminuyendo por decimotercer año consecutivo, Estados Unidos debe garantizar que tengamos información precisa sobre cómo los países están restringiendo el acceso de sus ciudadanos a Internet. La Ley Global de Libertad en Internet nos brinda esa información”, agregó la representante por la Florida.
Por su parte Jacobs manifestó que en el siglo XXI, la libertad en Internet es un derecho humano y que "es esencial obtener noticias e información sobre eventos actuales, conectarse con sus seres queridos, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios electos y mucho más”.
La representante demócrata por California recordó que "lamentablemente, decenas de países practican la censura y la represión en línea o imponen castigos draconianos por la actividad en línea, sofocando la libertad de expresión de las personas y su capacidad para conectarse e interactuar con otros".
Además alertó que la Inteligencia Artificial plantea riesgos nuevos y mayores para la libertad en Internet, al permitir a los gobiernos emprender campañas de desinformación en línea y vigilar y censurar la expresión en línea, los sitios web y las plataformas de redes sociales.
Según explican ambas representantes, su propuesta incluiría que los informes de derechos humanos describan los abusos a la libertad en Internet, incluidas las barreras al acceso a Internet, las restricciones indebidas a la expresión en línea y las violaciones indebidas de la privacidad en línea.
El derecho a Internet fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como derecho humano el 4 de julio de 2018 y considera que las nuevas tecnologías de la información y comunicación son elementos clave para la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet.
El documento oficial reconoció los derechos de las personas a estar protegidos en Internet, en particular la libertad de expresión, de conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Uruguay abre vía para legalizar a miles de inmigrantes, la mayoría cubanos
El gobierno de Uruguay permitirá que unos 20.000 migrantes, en su mayoría cubanos y dominicanos, pueda regularizar su estatus a través del "Programa de Residencias por Arraigo".
De acuerdo con Soledad Sánchez, coordinadora de la Dirección Nacional de Migración, se trata de “un nuevo tipo de residencia”, que se obtiene por arraigo laboral, trabajo por cuenta propia o arraigo familiar. El decreto contempla además una residencia temporaria renovable de arraigo para formación.
Las personas que obtengan esta nueva figura legal podrán luego tramitar la ciudadanía legal, explicó el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, en una rueda de prensa realizada este jueves
El funcionario señaló que el decreto representa una “solución transitoria”, que también resuelve la posibilidad de reunificación familiar pero advirtió que tampoco se trata de una política para atraer migrantes.
"Por ahora no es una solución definitiva. Por lo tanto, no es 'vengan, que esto funciona automáticamente'", dijo.
El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou escuchó el reclamo de la sociedad civil, específicamente las comunidades de cubanos y dominicanos que piden refugio pero luego no cuentan con elementos para probar sus casos, acotó Sánchez.
Cubanos en Uruguay reaccionan a la medida
“Es una gran oportunidad para personas como yo que llevamos meses en Uruguay sin posibilidades de legalizarnos ni hacer la ruta hacia Estados Unidos”, dijo Arianne Martínez, una cubana que emigró al país en 2023 tras cruzar la selva amazónica desde Guyana.
"La mayoría de nosotros queremos estabilizarnos y ayudar a nuestra familia”, añadió.
Uruguay se ha convertido en uno de los países con más emigración cubana en la región debido a las facilidades que brinda Montevideo para que los extranjeros trabajen allí.
Muchos cubanos pagan cerca de tres mil dólares a coyotes que los llevan hacia el sur desde Guyana, uno de los pocos países que no le pide visado a los cubanos en América Latina. La mayoría pasa por Brasil de manera clandestina y otros siguen su ruta a Chile, donde también se ha asentado una importante comunidad caribeña.
Carlos Alberto Madrigal, residente en Montevideo, consideró que se trata de “una gran oportunidad” para trabajar y estudiar en Uruguay.
“Busca que las personas se regularicen y trabajen en blanco, es decir, legalmente. Ayudará a muchísimos inmigrantes”, aseguró.
Grupos de cubanos en Uruguay habían realizado manifestaciones pidiendo la regularización de sus casos. En 2022 las autoridades negaron más del 86 % de las solicitudes de asilo provenientes de migrantes de la isla.
Uruguay cerró 2023 con 24.193 solicitudes de refugio pendientes de resolución. Datos de la Comisión de Refugiados indican que hasta ahora el promedio de espera para la entrevista de los solicitantes era de dos años.
Nuevo mecanismo busca acelerar trámites migratorios para solteros en cinco ciudades de EEUU
Estados Unidos anunció el jueves un mecanismo para acelerar deportaciones de inmigrantes solteros o tramitar con mayor celeridad sus casos de asilo siempre que sean pertinentes, a través del Registro de Arribos Recientes (Recent Arrivals Docket (RA).
La medida presentada por el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, y el Fiscal General, Merrick B. Garland, está diseñada para adultos solteros que intentan cruzar irregularmente entre los puertos de entrada de la frontera sur entre México y los Estados Unidos.
El RA Docket operará en cinco ciudades: Atlanta, Boston, Chicago, Los Ángeles y Nueva York, donde los jueces de inmigración intentarán emitir decisiones en un marco de 180 días, aunque el tiempo para solucionar los casos seguirá sujeto a circunstancias específicas y protecciones procesales, incluido dar tiempo a los inmigrantes a buscar representación legal cuando sea necesario.
Según han explicado en un comunicado conjunto, lo que se busca es "imponer consecuencias más rápidamente, incluida la expulsión, a quienes no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos y otorgar más rápidamente alivio o protección migratoria a los no ciudadanos con reclamos válidos".
El Departamento de Justicia también presentó al Registro Federal una norma final para promover la gestión eficiente de casos y expedientes en los procedimientos de inmigración.
"Hoy, estamos instituyendo con el Departamento de Justicia un proceso para acelerar los procedimientos de asilo para que las personas que no califican para recibir ayuda puedan ser expulsadas más rápidamente y aquellos que sí califican puedan obtener protección antes", dijo el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas.
“Esta medida administrativa no sustituye los cambios radicales y muy necesarios que el proyecto de ley bipartidista del Senado produciría, pero en ausencia de una acción del Congreso haremos todo lo que podamos para hacer cumplir la ley de la manera más efectiva y desalentar la migración irregular”, agregó el cubanoamericano.
Por su parte, el Fiscal General aseguró que "los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia están comprometidos con la aplicación justa y eficiente de las leyes de inmigración y que estas medidas promoverán esa misión al ayudar a garantizar que los casos de inmigración se resuelvan con prontitud y justicia".
La declaración reconoce que el sistema migratorio estadounidense está abrumado de casos y que muchos de los extranjeros que llegan a la frontera "a menudo esperan años antes de recibir una decisión final en un procedimiento judicial de inmigración".
Además admiten que los recursos de los que disponen son insuficientes, incluidos jueces y abogados de inmigración, algo que ha impedido la resolución rápida de las reclamaciones y han extendido la duración del proceso judicial de inmigración.
El Departamento de Justicia presentó al Registro Federal la normativa Gestión eficiente de casos y expedientes en procedimientos de inmigración, que permite a los jueces de inmigración priorizar los casos que están listos para resolverse con prontitud, promover la adjudicación eficiente, expedita y justa de casos de inmigración, asignar recursos limitados de manera más eficiente y garantizar protecciones procesales para las partes en los tribunales de inmigración.
El Departamanto de Justicia y el de Seguridad Nacional están solicitando que se designen más jueces de inmigración, oficiales de asilo, personal de apoyo, y autoridades necesarias para adjudicar más rápidamente los casos.
La situación en las prisiones y el relato del régimen sobre el delito de pensar diferente
Amnistía Internacional celebró este jueves un foro sobre la violación a los derechos humanos en las prisiones cubanas.
Representantes del Centro de Documentación de las Prisiones Cubanas y de Iniciativa A.C. participaron del evento, en el cual se presentó el libro Imágenes de Rebeldía.
Camila Rodríguez, directora de Iniciativa A.C., dio inicio a la conferencia con un resumen del trabajo hecho en el último año, sobre los abusos en las cárceles cubanas.
Según dijo, se registraron numerosos casos "preocupantes", aunque el Estado cubano carece de transparencia y no difunde datos sobre las condiciones de vida en las prisiones y tampoco permite que grupos de derechos humanos puedan visitar los centros de reclusión.
“Las personas privadas de libertad, especialmente las privadas por razones políticas, en muchas ocasiones son castigadas, maltratadas y recluidas en celdas de aislamiento”, lamentó Rodríguez.
También precisó que el Centro de Documentación de las Prisiones Cubanas, entre el 1 de marzo de 2023 y el 26 de marzo de 2024, registró 1.844 incidentes de abusos en centros de detención.
Un total de 592 se refirieron a problemas de salud y falta de atención médica, mientras 1.350 están relacionados con la implementación de prácticas de hostigamiento y represión.
Algunos de los actos represivos documentados son:
- Reclusión en celdas de castigo por manifestar ideas políticas en el penal
- Prohibiciones de llamadas telefónicas y visitas
- Negación de pases
- Golpizas
- Práctica de técnicas de tortura como interrogatorios intimidatorios y esposas con “chaquira” durante horas
- Negación de entrega de medicamentos, o artículos para el aseo de alimentos
- Vigilancias y exposición a hechos violentos por parte de reclusos peligrosos
- Amenazas con fabricación de nuevas causas
- Negación de la libertad condicional
- Negación de asistencia religiosa
- Negación al régimen de menor severidad.
Durante el periodo, el Centro registró el fallecimiento de 37 reclusos en prisiones cubanas, 27 de ellos como “consecuencias directas de la falta de atención médica de las autoridades penitenciarias”.
Por razones políticas, la vulnerabilidad es más recurrente entre las víctimas que denuncian violaciones de derechos en su contra, por estar privados de libertad por razón política, ser afrodescendiente, ser activista o defensor de humanos, o padecer enfermedades crónicas, señala el informe.
El centro ha dado seguimiento a algunos patrones diferenciados de la violencia contra las mujeres en los penales, resaltando entre ellos los castigos en relación con la maternidad.
Las presas políticas pueden ser enviadas a centros penitenciarios fuera y lejos de sus provincias de residencia, lo cual dificulta y encarece las visitas familiares.
Al concluir sus comentarios, la directora de Iniciativa A.C. subrayó que su equipo “se compromete a continuar las labores de monitoreo, documentación y denuncia para que ningún evento violatorio de Derechos Humanos en las prisiones de Cuba pase por alto” y para que el Estado “sea criticado y juzgado por la comunidad internacional”.
La investigadora y académica Hilda Landrove dijo que las cifras mencionadas anteriormente son impresionantes, y que es importante entender que desde “el momento cero”, o sea el inicio del castrismo, se impidió una observación no gubernamental de lo que ocurre en las prisiones.
Aunque el gobierno siempre intenta controlar el retrato de lo que ocurre en las cárceles, hay organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recogen testimonios sobre la realidad, dijo Landrove.
Al abordar este tema, la académica recordó “el cinismo” del general Raúl Castro, cuando dijo delante del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que si hay presos políticos, que le muestren la lista, así los pone en libertad. “Esos políticos por la tarde están libres”, declaró el general aquel día.
Es claro que hay una lista y que “obviamente no van a liberar absolutamente a nadie”. El problema en Cuba, dijo, es que hay una “negación a reconocerte”. Es además una “exhibición del poder”, un reflejo de “prepotencia”.
Landrove recordó lo que describió como el “cinismo” de Fidel Castro, quien negó una vez a una periodista que en Cuba no había pruebas de la existencia de presos políticos, aunque esta mencionó el alto número de testimonios que reflejan otra realidad en la isla.
Poder encarcelar, torturar y degradar es parte clave del sistema totalitario en Cuba, subrayó Landrove. La lógica revolucionaria “requiere una represión sistemática y es constitutiva”.
Otro aspecto del método represivo cubano, es el relato de que no hay presos por pensar diferente, sino por “ejecutar acciones” que demuestran ese pensamiento diferente, “lo cual es una cosa así como extrañísima, no?”, planteó la académica.
Normando Hernández, director del ICLEP y exprisionero político de la Primavera Negra del 2003, dijo que “el desastre que existe en las prisiones cubanas” es algo que él vivió personalmente.
“Hay cientos de prisioneros de conciencia en Cuba”, dijo, y en las prisiones hay personas torturadas no sólo por las agresiones físicas, sino por la falta de servicios básicos de salud y alimentos.
Hay que recordar que José Daniel García está tras las rejas sólo por tratar de protestar el 11J, dijo. Ahora está aislado, con visitas familiares breves y muy esporádicas. “Es una tortura cruel tener a una persona tan aislada…él va salir mal de ese lugar”, afirmó Hernández.
El expreso de conciencia del Grupo de los 75 también se refirió a las “chaquiras”, o sea “esposarte las manos con esposas de hierro, los pies, y unirte con otras esposas, las manos y los pies, y acostarte en el piso más o menos en una posición fetal y dejarte tirado en una celda de aislamiento oscura húmeda, donde los roedores, las ratas, las cucarachas, los mosquitos hacen de tí una presa fácil”.
"En las prisiones cubanas se tortura a diario", subrayó Hernández al concluir el foro.
Casi 18 mil cubanos llegaron a la frontera de EEUU en abril
En abril, un total de 17.870 inmigrantes cubanos fueron registrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés).
Se trata del mes con el menor número de llegadas en lo que va de año fiscal 2024, en el que se certificó el arribo de 144.378 cubanos.
En abril de 2024, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos registró 128.900 encuentros entre puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste, la cifra representa un 6% menos que los registros de marzo de 2024 y un 30% menos que los de abril de 2023.
“Como resultado de una mayor vigilancia, los encuentros en la frontera suroeste no han ido en aumento, revirtiendo tendencias previas. Seguiremos monitoreando los patrones migratorios, los cuales cambian de manera constante”, dijo Troy Miller, comisionado en funciones de la CBP.
En abril, las autoridades estadounidenses permitieron el ingreso de 41.400 personas en los cruces fronterizos con México por medio de la aplicación de citas en línea CBP One, con lo cual la cifra total de ingresos ascendió a más de 591.000 desde que se introdujo este sistema en enero de 2023.
En el caso del parole humanitario, se han beneficiado 91.000 cubanos.
Este mes la Administración Biden anunció nuevas restricciones a la política de asilo, otorgando más poder a los agentes federales de inmigración para conceder o no las peticiones y acelerar las deportaciones.
"Esta regla permitiría expulsar más rápidamente a aquellos que están sujetos a las prohibiciones y representan un riesgo para nuestra seguridad nacional o pública", dijeron las autoridades estadounidenses.
La ley federal "prohíbe el asilo y la suspensión de la expulsión a personas que representan un riesgo para la seguridad nacional o pública, específicamente aquellos que han sido condenados por un delito particularmente grave, participaron en la persecución de otros, son inadmisibles por motivos de seguridad nacional o relacionados con el terrorismo, o para quienes existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de los Estados Unidos".
Anteriormente, la determinación de elegibilidad para el asilo se daba en una etapa posterior del proceso: en la etapa de adjudicación de méritos de las solicitudes de asilo y de retención de expulsión, pero en lo adelante, los funcionarios de asilo esto ocurrirá pocos días después de que se encuentra a una persona.
"La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí", dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
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